TSJ Regiones - Decisión

Dañosmoral-4966

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
PARTE ACTORA.-
ROSA INES RONDON de LINARES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V-5.463.602, de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA.-
ROBERTO HERNANDEZ BAZAN, ADRIANA MESTRACHI SISCO, y ARQUIMEDES TAPIA LOZADA, abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 22.270, 36.871, y 39.937, de este domicilio.
PARTE DEMANDADA.-
RAFAEL EDUARDO PEREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y la sociedad mercantil TRANSPORTE UNIDO S.R.L., en la persona de su Presidente CLEMENTE GUERREIRO PIRES DA COVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V-8.834.814, de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LOS DEMANDADOS.-
REINALDO FELIPE NUÑEZ MAITA, JESUS HERNANDEZ LOPEZ, NINOSKA ZAVALA COLMAN y JOSE ABACHE, abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 10.916, 48.563, 52.210 y 67.137, respectivamente, de este domicilio.
MOTIVO.-
DAÑO MORAL
EXPEDIENTE: 4.966
Los abogados ROBERTO HERNANDEZ BAZAN, ARQUIMEDES TAPIA LOZADA y ADRIANA MAESTRACCI SISCO, en sus caracteres de apoderados judiciales de la ciudadana ROSA INES RONDON de LINARES, el 22 de enero de 1996, demandaron por daños morales, al ciudadano RAFAEL EDUARDO PEREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y a la sociedad mercantil TRANSPORTE UNIDO S.R.L., en la persona de su Presidente CLEMENTE GUERREIRO PIRES DA COVA, por ante el Juzgado de Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quien la admitió el 22 de enero de 1996, ordenando el emplazamiento de los demandados, para que comparecieran el décimo día de despacho siguiente, a partir de esa misma fecha, para que tuviera lugar el acto de la comparecencia de las partes.
Consta igualmente que el 09 de mayo del 1996, el Alguacil del Juzgado “a-quo”, diligenció manifestando su imposibilidad de citar a los ciudadanos RAFAEL EDUARDO PEREZ y a CLEMENTE PIRES DA COVA, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil TRANSPORTE PIRES, S.R.L, razón por la cual se ordenó la citación por carteles, a solicitud de la parte actora, mediante auto dictado el 01 de julio del 1997, y cumplidos los trámites procesales, se le designó defensor ad-litem, cuyo nombramiento recayó en la persona de la abogada MARLENE VALERA, quien una vez notificada, aceptó el cargo, y juró cumplir fielmente con sus obligaciones.
El 14 de febrero de 1997, el abogado REINALDO FELIPE NUÑEZ MAITA, en su carácter de apoderado judicial de TRANSPORTE UNIDO S.R.L., se dió por citado y consignó poder, y el 25 del mismo mes y año, el ciudadano RAFAEL EDUARDO PEREZ, le otorgó poder apud-acta al precitado abogado.
El 17 de marzo de 1997, el abogado REINALDO RAFEAL MAITA, en su carácter de apoderado judicial de los accionados, presentó escrito sendos contentivo de cuestiones previas, defensas de fondo, impugnación de poder y contestación al fondo de la demanda.
El 24 de marzo de 1997, el abogado ROBERTO HERNANDEZ, en su carácter de apoderado actor, presentó escrito contento de subsanación a las cuestiones previas, y ese mismo día, el abogado REINALDO NUÑEZ MAITA, en su carácter de apoderado judicial de los accionados, presentó escrito contentivo de solicitud de extinción del proceso.
El Juzgado “a-quo”, el 31 de marzo de 1997, dictó un auto en el cual declara extinguido el proceso, de cuyo fallo apeló el abogado REINALDO FELIPE NUÑEZ MAITA, en su carácter de apoderado judicial de los accionados.
El Juzgado “a-quo”, el 09 de abril de 1997, dictó un auto de aclaratoria de la decisión de fecha 31-03-97, en el cual aclara que la parte demandante al resultar vencida debe ser condenada en costas, de cuya decisión apeló el abogado ROBERTO HERNANDEZ, en su carácter de apoderado actor, recurso éste que fue oído en ambos efectos, según auto de fecha 14 de abril de 1997, razón por la cual dicho expediente subió a este Juzgado Superior, donde quedó una vez efectuada la distribución, dándosele entrada el 20 de mayo de 1997, bajo el N° 4966, y el 22 del mismo mes este Juzgado, dictó un auto, en el cual admite la apelación interpuesta por el abogado ROBERTO HERNANDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la demandante, y se fijó un lapso de cinco (5) días de despacho, de conformidad con lo establecido en el tercer aparte del artículo 85, de la Ley de Tránsito Terrestre.
Esta Alzada el 02 de julio del 2004, dictó un auto en el cual el Juez Provisorio se avocó al conocimiento de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, del Código de Procedimiento Civil, ordenó ordena la notificación de las partes, mediante cartel que se fijará en la cartelera del Tribunal, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 233, ejusdem, a los fines de darle cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 01 de junio del 2001.
Este Tribunal el 19 de julio del corriente año, dictó un auto en el cual indicó que en la presente causa, a partir de dicha fecha, comenzó a correr el lapso de treinta (30) días para dictar sentencia, por lo que este sentenciador pasa a decidir previas las consideraciones siguientes

PRIMERO.-
En el auto dictado el 02 de julio del 2004, se lee:
“…“…Por cuanto la Comisión de Emergencia conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, constituido en Sala Administrativa, me designó Juez Temporal, según consta de Oficio N° S.G. 009167, de fecha 2 de noviembre de 1999 y habiéndome juramentado y tomado posesión del cargo el 05, y el 09, respectivamente, de dicho mes y año, me avoco de oficio al conocimiento de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia se ordena la notificación a las partes mediante cartel que se fijará en la cartelera del Tribunal, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 233, ejusdem, con la advertencia de que transcurridos que fueren diez (10) días continuos contados a partir de que conste en autos la última notificación se les tendrá por notificados, si no comparecen dentro de dicho lapso a darse por notificados, y vencido que fuere dicho lapso comenzará a correr otro de cinco (05) días de despacho, de los cuales los tres (03) primeros días serán para aquel que considere que en mi persona existe alguna causal de inhibición proceda a recusarme, y vencidos éstos sin que lo hicieren, deberá comparecer la parte apelante dentro de los días restantes a exponer la causa de su inactividad procesal, mediante escrito, para decidir dentro de los treinta días continuos siguientes lo que sea de Justicia, de conformidad con el contenido de la sentencia dictada el 01 de junio del 2001, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.- Líbrese Cartel …”
El Código Civil establece en sus artículos:
1952.- “La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley”
La Ley de Tránsito Terrestre vigente para el año 1986, establecía en su artículo 26, lo siguiente:
“Las acciones civiles a que se refiere esta Ley, prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización correspondiente.”
La Ley de Tránsito Terrestre, vigente establece en su artículo 134, lo siguiente:
“Las acciones civiles a que se refiere este Decreto Ley para exigir la reparación de todo daño prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización correspondiente.”
Para la fecha en que acaeció el accidente se encontraba vigente la Ley de Tránsito Terrestre de 1986, en su artículo 26, se establecía una prescripción de un año, lapso éste que permaneció igual en la Ley de Tránsito Terrestre de 1996, (artículo 62), y en la vigente Ley de Tránsito Terrestre (2001), en su artículo 134.
Ahora bien, de la lectura del expediente se observa que en esta Alzada la última actuación de la parte actora fue una diligencia de fecha 02 de julio de 1997, por lo que habiéndose vencido el lapso para dictar sentencia el 07 de agosto de 1997, según consta del auto de diferimiento dictado el 07 de julio de dicho año, ha transcurrido hasta la presente fecha siete (07) años, y veintiséis (26) días, que es un tiempo mayor del establecido en el artículo 134, de la Ley de Tránsito Terrestre vigente, que establece una prescripción extintiva de doce (12) meses, razón por la cual la parte actora con su inactividad ha evidenciado su falta de interés en la presente causa.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 01 de junio del 2001, asentó:
“…De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.
Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida.
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara.
Asimismo, considera la Sala que innumerables huelgas tribunalicias y designaciones de nuevos jueces, han dejado procesos paralizados, por lo que en cualquier lapso de perención o desinterés habrá que restarles estos plazos muertos o inactivos….” (JURISPRUDENCIA DE RAMIREZ & GARAY, Tomo 177, página 244).-
SEGUNDA.-
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: EXTINGUIDA LA PRESENTE ACCIÓN, por falta de interés en la parte actora, al haber rebasado el término de prescripción, al no haber impulsado el procedimiento durante dicho lapso, ni haber comparecido dentro del lapso señalado a explicar las causas o razones de su inactividad.
PUBLIQUESE, y REGISTRESE
DEJESE COPIA
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- En Valencia, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil cuatro. Años 194° y 145°.
El Juez Provisorio,

Abg. SANTIAGO MERCADO DIAZ
La Secretaria,

MILAGROS COROMOTO GONZALEZ MORENO
En la misma fecha, y siendo la 11:30 a.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.
La Secretaria,

MILAGROS COROMOTO GONZALEZ MORENO